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No queda la menor duda de que el esperado diálogo que sostendría el presidente Petro con las autoridades territoriales del Caribe derivó en un rotundo fiasco. A decir verdad, cantado. El episodio no solo ahondó diferencias evidentes, en algunos casos, entre el jefe de Estado y mandatarios locales, también fue una oportunidad perdida para explorar soluciones viables y, en lo posible, inmediatas para el cúmulo de problemas que se le amontonan al Ejecutivo en nuestra región. Sin duda, el más importante, la crisis socioeconómica por las elevadas tarifas de energía.
Cuando ardió Troya, cada una de las partes ofreció su propia versión, ajustada –claro- a sus intereses. Es cierto que el mandatario, que no se precia de tener entre sus virtudes la puntualidad, sí arribó al encuentro, aunque con retraso. También lo es que de 82 alcaldes y gobernadores invitados solo acudieron 17, lo cual fue calificado por Presidencia como muestra de su “desinterés en la solución del problema”. Aunque valdría la pena que la acuciosa Casa de Nariño hiciera la tarea completa e indagara las razones del escepticismo prudente de los gobernantes porque quedó claro que la respuesta a su convocatoria distó mucho de lo previsto.
Parece evidente que los mandatarios territoriales quisieron sentar una posición de rechazo frente a los desaciertos del Ejecutivo que sigue sin darle el impulso definitivo a la solución de esta crisis. Llevamos meses escuchando mensajes en exceso dogmáticos que no atienden razones técnicas.
Tampoco es menos cierto que a quienes plantó como a las ‘novias de Barranca’, alcaldes, gobernadores, congresistas y delegados de organizaciones de usuarios, les quedó la sensación de que la injustificable excusa encubría el desgano del Gobierno para concretar o definir las propuestas que estos le presentarían, las que dicen solventarían realmente y con celeridad este dilatado problema, entre ellas, una inversión robusta de recursos públicos en asuntos puntuales.
En definitiva tras el desencuentro, nos descubrimos en el mismo punto de siempre, que es ninguno. Difícil imaginar un escenario más desalentador. Insisten los gobernantes locales, a quienes se les nota ya el cansancio, porque a pesar de su voluntad ningún camino se ve claro ni propuesta alguna se materializa, en que Petro designe a los comisionados de la CREG para encontrar salidas técnicas en vez de aferrarse a sus proclamas políticas ante una crisis alarmante con potencial de desestabilizar económica y socialmente a millones de habitantes de esta región.
Enredado en su espiral de contradicciones, el Ejecutivo sigue sin percibir la implosión por etapas que afrontamos, ni siquiera porque acaba de recorrer parte del Caribe en una ‘septimana horribilis’, en la que el jefe de Estado le dio por anclar algunos de sus discursos en descalificaciones e inquietantes expresiones que provocaron desazón general.
Parece que dilatar, cuando no resistir, forzando las costuras de la paciencia de la gente se ha convertido en el estandarte de un Gobierno que ha abierto canales de comunicación, indudable, pero en los que solo se escuchan a ellos mismos. ¿Cuál es el miedo a buscar viables soluciones de consenso?
Más allá de sus concepciones ideológicas o políticas, lo cual es razonable, cada quien tiene las suyas, el sentido de responsabilidad institucional del Ejecutivo lo debería hacer reflexionar acerca de que se necesita transitar el mejor camino, sobre todo el más eficaz y expedito, para dejar de encallar en la cuestión de las tarifas.
Ni hablar de lo atascado que luce en estos momentos el proyecto del Canal del Dique, en el que la solicitud de licencia ambiental para determinadas obras, supuestamente no para las de mitigación, ha abierto nuevas dilaciones en su desarrollo, que sumadas a otras contingencias generan preocupación por la inminencia del fenómeno de La Niña, con sus constantes lluvias, para el segundo semestre del año. Empecemos a hablar de ello.
Sin capacidad ni interés de cerrar acuerdos, las grietas se profundizan. El Gobierno central sigue su propio manual a rajatabla, mientras que los territoriales que resuelvan como puedan y que a la gente se la lleve Pindanga. Son pocas las excepciones a esta regla.
Parecería que una nueva forma de política con marcado interés partidista por encima del general es la que lo maneja todo. También lo entorpece, cuando no paraliza. Escenario sin garantías que no conviene a las instituciones ni a la ciudadanía. Tomamos nota. Sobre todo ahora que como telón de fondo se alza la constituyente con audiencias públicas y nuevas cumbres de energía que apuntan a politizar un debate de por sí bien intrincado. Me temo que la verdad se esconde detrás de las apariencias.
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