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Durante la mañana de este lunes, 11 de marzo, la nueva superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se refirió a la investigación que actualmente cursa en la entidad respecto al presunto carrusel de la contratación en el manejo de vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La funcionaria reveló que la SIC ya tomó cartas en el asunto y ha descubierto “indicios graves”.
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En diálogo con ‘Blu Radio’, Rusinque dio a conocer que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación preliminar, como medida cautelar, en medio de la cual determinaron llevar a cabo visitas a distintas empresas implicadas, para recolectar pruebas que pudiesen ser de utilidad para esclarecer el caso.
“Estamos tomando una medida cautelar en una investigación preliminar. La investigación continúa más adelante. De hecho, la semana pasada tuvimos visitas a estas empresas, recolectamos mucho material probatorio que se debe tener un tiempo para decantar, para evaluarlo, para mirar qué otras pruebas encontramos allí y ya en el curso de una investigación con las debidas garantías”, señaló la supertintendente.
Lo que ocurrirá con el caso, con los intervenidos y con las personas que están investigadas, se determinará con base en los resultados que arroje el análisis del material encontrado. “Aquí lo que hay son indicios graves que nos permiten tomar la medida cautelar y sobre todo el riesgo de que si no la tomamos, la conducta puede ser mucho más gravosa”, indicó Rusinque.
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Ahora bien, es importante reiterar que, tal como lo aclaró la superintendente, esta se trata de una medida cautelar, que a su vez fue ejecutada con base en los resultados obtenidos de una investigación previa al proceso de arrendamiento de los vehículos en cuestión.
“Para tomar esta medida se evaluó el material probatorio, se estudiaron los procesos que se venían adelantando desde el 2017 para el arrendamiento de estos vehículos y, sobre esta base, se concluyó que los proponentes en el curso de estos procesos ejecutaron al menos dos conductas que podrían ser ilegales y constitutivas de unas prácticas restrictivas de la competencia, que son, principalmente, haberse repartido sistemáticamente en 90 zonas en las que fueron dividido estos procesos de selección, de manera presentarse como únicos proponentes y así resultar favorecidas con la adjudicación de los contratos”, explicó Rusinque.
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