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A través de un comunicado la Procuraduría informó este miércoles que una comisión especial designada por la procuradora Margarita Cabello Blanco llega a Tuluá, Valle del Cauca, para verificar cuál ha sido el impacto de la violencia desatada por grupos al margen de la ley sobre la comunidad y realizar las gestiones necesarias para garantizar que se controle y no se expanda a otros municipios.
Por ello el procurador para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, que lidera la representación del Ministerio Público, se reúne con la gobernadora Dilian Francisca Toro, el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez, los comandantes regionales de Ejército y Policía, alcaldes de los municipios vecinos y representantes de la comunidad, para conocer de primera mano la situación, las medidas adoptadas hasta el momento y buscar nuevas estrategias para garantizar los derechos de los ciudadanos.
«Entre las afectaciones a la ciudadanía acaecidas en el municipio vallecaucano durante los últimos años por la acción de grupos armados al margen de la ley, se destacan 115 homicidios selectivos, 36 tentativas de homicidio, 31 amenazas, 14 casos de extorsión y 10 actos terroristas, entre otros, que suman 245 hechos victimizantes entre 2020 y 2024, según cifras del Mecanismo de Monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz», se lee.
El ente de control también ha podido establecer que entre los sujetos afectados se encuentran 30 jóvenes, 18 comerciantes y propietarios de tierra, 14 servidores públicos y 11 ciudadanos del común. Así mismo, que existe un alto riesgo de que migrantes venezolanos, entre ellos varios menores de edad que permanecen en el municipio, sean instrumentalizados por estor grupos para alimentar nuevos actos violentos.
«Con la información recaudada, la Procuraduría presentará un informe preventivo a las autoridades del orden nacional responsables de atender la crisis, el próximo 20 de febrero», anunció el Ministerio Público.
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