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El organismo de control afirmó que el uso indiscriminado de este metal pesado aumenta “la deforestación, contaminando las fuentes hídricas y poniendo en riesgo la salud de los habitantes de estas regiones” lo que calificaron como “afectaciones irreversibles”.
Frente a este panorama, el Ministerio Público inició mediciones en puntos identificados como “potencialmente contaminados” con especial atención en Antioquia, Chocó, Cauca, Putumayo, Santander, Valle del Cauca, Nariño, Caldas, Amazonas y Guainía, “territorios priorizados por el riesgo que el incremento de la minería ilegal viene generando en el medio ambiente”.
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