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1. El cumplimiento del Acuerdo de Paz que supone: a) una reforma agraria, b) la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, y c) la verdad como eje de la justicia.
«El Estado incumplió el Acuerdo de Paz y la sociedad debe hacerlo cumplir», se lee.
2. Garantizar, en el corto plazo, las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: agua potable, salud, y renta para la población más vieja. Y no son derechos progresivos, después de 33 años deben ser derechos garantizados ya.
Sobre este aspecto, Petro sostuvo: “En los últimos 30 años la inversión pública se concentró en los sectores y los espacios geográficos más pudientes, contrario a lo ordenado por la Constitución y el Acuerdo de Paz. Las sentencias de la Corte Constitucional en esta materia fueron desacatadas impunemente”.
Cuestionó aquí que “el que debía ser el Estado Social de Derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad”, por tanto “esto implica cambiar el sistema de vigencias futuras centradas en carreteras 4G y que ante el marco fiscal de mediano plazo no dejan espacio de endeudamiento para la infraestructura del agua potable, la de la salud, la del saneamiento ambiental y la de la educación. El poder constituyente debe darle piso presupuestal a estos derechos fundamentales de la población”.
3. Recuperar los objetivos de la Constitución del 91 contra reformados, en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria.
4. Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía.
5. Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción.
6. Cumplir la orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos no cumplieron, porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial que es el de la constitución de 1886.
Ese ordenamiento territorial, dijo el mandatario, “es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante, proponemos garantizar la región autonómica hacia un régimen federal más adelante, pero con un fuerte proceso de inclusión de los territorios olvidados que compense la actual y aberrante desigualdad territorial. El poder local debe ser, antes que nada, poder de la ciudadanía. El sistema general de participaciones debe priorizar la atención de la primera infancia y la inclusión del territorio excluido”.
7. Expedir el Estatuto del Trabajo, dotando de derechos el empleo en el país y garantizando la igualdad salarial de la mujer.
8. Separar la política de la financiación privada.
9. Durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema basado en la venganza punitiva y la acción judicial para atacar o defender actores políticos.
“Ese sistema terminó encubriendo grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía”, señaló.
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