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Sobre la violencia que se acrecienta en el Chocó y el paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, se pronunció sobre estos hechos.
«La declaración de paro armado por el Frente de Guerra Occidental del Eln es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias», señaló Patiño.
‘El paro armado indefinido’, que es el primero del año y comenzó el sábado, es una estrategia delincuencial que impide cualquier actividad comercial o cotidiana de las poblaciones afectadas, a la que el ELN recurre con frecuencia, siendo el Chocó una de las regiones donde más la impone a sus pobladores.
Las delegaciones de la guerrilla y del Gobierno cerraron el martes pasado en La Habana el sexto ciclo de negociaciones con una prórroga semestral del cese al fuego, la suspensión «temporal» de los secuestros de la guerrilla y la creación de un fondo internacional para financiar el proceso de paz.
Por su parte, la Procuraduría pidió el pasado domingo proteger «con urgencia» a más de 27.000 personas que están en riesgo de confinamiento por un «paro armado indefinido», ordenado por la guerrilla.
Este llamado fue dirigido al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese del fuego bilateral con el ELN, y lo que busca es que se emitan las alertas pertinentes para proteger a la población.
«Bajo ninguna perspectiva es compatible (el ‘paro armado’) con la reciente prórroga del cese al fuego bilateral, nacional y temporal suscrito por las delegaciones del Gobierno Nacional y ese grupo armado ilegal», dijo en un comunicado el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
El funcionario instó al alto comisionado y a la jefa negociadora del Gobierno en los diálogos con el ELN, Vera Grabe, «para que actúen de manera inmediata y protejan los derechos humanos de la población en riesgo».
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