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España, Francia, Alemania y el Reino Unido figuran entre los países europeos y Estados Unidos, México, Cuba, Nicaragua, Colombia, Perú, Ecuador y Chile entre las naciones americanas incluidas en este mapamundi digital, el cual, al clicar en los enlaces individuales, da acceso al archivo de documentos de la entidad en los que denuncia esos abusos.
«Señalar las violaciones de los derechos humanos en un mapa nos permite visualizar y hacer un seguimiento de la escala global del problema», ha afirmado Patrick Wilcken, investigador de AI sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.
Además, «expone a los gobiernos que no protegen el derecho a la protesta y ayuda a exigir cuentas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley» por los abusos que cometen al reprimir las manifestaciones, añade.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que se replanteen urgentemente «su enfoque, que detengan esta violencia aberrante y garanticen que protegen y facilitan las protestas pacíficas».
Según AI, en la mayoría de los países de América Latina que figuran en el mapa, así como en Estados Unidos, el derecho de reunión «está en peligro», pues la protesta «se trata como una amenaza», hay «militarización» y «un uso indebido de la fuerza».
En Nicaragua y en Cuba hay «legislación represiva», al igual que en Francia o el Reino Unido, mientras que en España Amnistía pide que se prohíba el uso de balas de goma.
«Autoridades de todo el mundo recurren cada vez más al uso ilegítimo de la fuerza y a una legislación represiva para aplastar las protestas«, declara la organización al difundir su cartografía de la opresión, que forma parte de la campaña «Protejamos la protesta».
El mapa muestra que los Gobiernos encaran las manifestaciones «como una amenaza en lugar de como un derecho» y que las fuerzas de seguridad «creen que su papel es reprimir y someter a quienes protestan en lugar de facilitar que ejerzan sus derechos», dice AI.
En consecuencia, «miles de personas son dispersadas ilegítimamente, arrestadas, golpeadas e incluso asesinadas durante las manifestaciones», así como penalizadas por el mero hecho de estar presentes, agrega.
«La protesta pacífica es un derecho, no un privilegio, y un derecho que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y facilitar», señala Wilcken.
El activista destaca que «en Irán, las autoridades han dado muerte de manera ilegítima a cientos de personas y detenido de forma arbitraria a decenas de miles, entre ellas menores de edad», mientras que en China «es imposible protestar pacíficamente sin sufrir hostigamiento y procesos judiciales».
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