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El Ministerio de Hacienda, a través del decreto 0163, modificó el decreto 2295 por el cual se liquida el Presupuesto para la vigencia fiscal de 2024.
De esta manera, la cartera ajusta las inconsistencias de la norma pasada, que dejaba en vilo los recursos para más de 100 obras en el país por un valor cercano a los 13 billones de pesos.
En su momento, el Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación por la incertidumbre generada por el decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación.
Mediante un comunicado, expresó en primera medida que el mecanismo de vigencias futuras permite al Estado comprometerse a atender obligaciones en periodos futuros más allá de las vigencias presupuestales durante las cuales se asumieron dichos compromisos.
En ese sentido, agregó que este es el mecanismo mediante el cual, el Estado puede respaldar compromisos contractuales de aportar recursos, especialmente en los proyectos de infraestructura, que son normalmente de largo plazo.
“Generar la idea de que eventualmente estos compromisos no serán honrados, o pudieran ser sujetos de intentos de renegociación, causa inmensa incertidumbre a los desarrolladores y financiadores que en el pasado han tenido confianza en la seriedad del Estado para cumplir sus obligaciones”, dijo Bruce Mac Master, presidente del Consejo Gremial Nacional.
Agregó que esto podría generar un gran daño a la confianza en los mercados.
“Lo que viene sucediendo en materia presupuestal es supremamente grave y además no tiene antecedentes en la historia reciente del país. La Constitución y la ley dicen que es el Congreso, y solo el Congreso, el que al aprobar la ley anual de presupuesto, en lo que se llama ley de apropiaciones, señala con identidad, precisión, cada uno de los gastos que el Ejecutivo queda autorizado a realizar”, dijo Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda.
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