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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, generó una fuerte polémica cuando envió un comunicado sobre el mandato de Gustavo Petro en el momento en que ocurrieron los hechos de violencia contra la Corte Suprema de Justicia. Desde el Congreso de la República le llamaron la atención por su postura.
Primero Almagro emitió un comunicado manifestando: “La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia”.
En el pronunciamiento, la Secretaría General de la OEA resalta “la vital importancia de nombrar un nuevo Fiscal General, con el fin de brindar certeza constitucional y política al país”.
El secretario de la OEA dijo aquí que es “imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro, quien fue debidamente elegido el 19 de junio de 2022, complete su mandato presidencial, que comenzó el 7 de agosto de 2022”.
“En este sentido, la Secretaría General condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del Presidente Petro”, añadió.
Además, la Secretaría General de la OEA solicitó “que todos los actores e instituciones estatales respeten los principios democráticos y que se asegure la gobernabilidad constitucional a las autoridades electas, respetando los derechos políticos de las personas que han sido elegidas y de quienes las y los eligieron”.
Y concluyó: “Las instituciones estatales deben funcionar en un entorno basado en los principios de la democracia y el respeto del Estado de Derecho, como base fundamental para la paz y la estabilidad del país”.
El mensaje se emitió luego de que se hubiera reunido con congresistas del Pacto Histórico que, según el propio Almagro, «presentaron a la Secretaría General una nota sobre temas políticos de su país para nuestra consideración y para informar al Consejo Permanente de la OEA».
El secretario general de la OEA indicó en este sentido: «Mantuve reunión de trabajo con los congresistas colombianos Karmen Ramirez, Alejandro Toro y Alejandro Ocampo sobre los principales temas de la actualidad política, económica y social de su país, con énfasis en aquellos relevantes para la estabilidad institucional del país».
El comunicado generó una fuerte polémica en diversos sectores, pues mientras se publicó, magistrados estuvieron sitiados por los manifestantes en el Palacio de Justicia. El bloqueo tardó más de cinco horas y fue condenado por las instituciones, organismos, políticos y demás. El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, afirmó que fue un bloqueo «violento e ilegal».
Sin embargo, Almagro posteriormente matizó el primer mensaje de la OEA y sostuvo que: «Reafirmando lo expresado en el comunicado respecto a la situación política en Colombia, expresamos que las instituciones deben poder funcionar en un marco adecuado de debido respeto, paz y calma, garantizando que sus decisiones se tomen sin presiones de ningún tipo. En ese marco se reitera que se debe respetar la autonomía del Poder Judicial para asegurar el eficaz ejercicio de la institucionalidad democrática».
Por ello, el senador Humberto de la Calle, de la Coalición de la Esperanza, y también ex embajador ante la OEA, le llamó la atención en una carta en la que le dice: «Me dirijo a usted en mi condición de senador de Colombia, organismo en el que he adoptado frente a nuestro gobierno una posición independiente dentro de la nomenclatura que la ley permite, ajena tanto a la bancada de gobierno como a la de la oposición. Y lo hago con una mezcla de sorpresa, estupor y disgusto por las expresiones que contiene su comunicado del 8 de febrero de 2024 en el que usted hace afirmaciones sobre la situación de Colombia, no solo absolutamente inaceptables sino ajenas por completo a la realidad de nuestro país».
Advierte el ex jefe negociador de paz que «sin una mínima verificación ‘exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático de Colombia’, afirmación ya de por sí grave, a la cual agrega usted con desusada osadía que ‘condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro'».
Dice en este punto que «difícil dibujar un cuadro más equivocado y distante de la realidad colombiana. Quizás sirve de atenuante a su enorme desatino el que como es sabido, la OEA es un organismo compuesto por los gobiernos de la región. Es claro que usted optó por divulgar la tesis que ha sostenido el gobierno de Colombia».
Por ello le advierte que «nadie en Colombia que posea una dosis mínima de cordura y sentido común está en la tarea de derrocar el gobierno. Ningún partido político, ningún gremio, ni las fuerzas armadas, ni las iglesias, ni la academia, ni las organizaciones de la sociedad civil están promoviendo, ni deseando, ni imaginando siquiera el desolador panorama que usted describe. Usted tenía la mínima obligación de escuchar otras fuentes para no caer en este lamentable desacierto».
Y lo invita finalmente a convocar «un foro amplio en el que usted escuche todas las visiones, del cual obviamente no esté excluido el gobierno. Un encuentro multipartidista al que concurran todos los componentes de esta sociedad, lo cual le permitirá ayudar a superar nuestros problemas en vez de hacer afirmaciones tan extraviadas como la de su comunicado».
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