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En cuanto al flagelo de los crímenes de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, Amnistía Internacional publicó esta semana su investigación “Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa”, que advierte que “entre 2020 y 2023 hemos observado que las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país”.
Recoge aquí un reporte de 2023 del Programa Somos Defensores, que indica que 199 personas defensoras fueron asesinadas en 2020; 139 en 2021, y 197 en 2022. Y a septiembre de 2023, Indepaz documentó el asesinato de 127 personas con liderazgo social y defensoras de derechos humanos, “una cifra alarmante”.
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Agrega la organización que mientras que para el período comprendido entre 2020 y julio de 2022, con el expresidente Iván Duque, verificó “la continuidad de medidas fuertemente cuestionadas y su falta de resultados concretos, a partir de agosto de 2022, con la llegada de Petro a la Presidencia, identificó la adopción de cursos de acción tendientes a reconocer la urgencia de la situación y actuar a corto, mediano y largo plazo”.
Sin embargo, concluye, las medidas de emergencia adoptadas por Petro no tuvieron el efecto deseado y la violencia contra los defensores se mantuvo y, durante algunos meses, aumentó.
Estos crímenes, vistos con el lente de la expansión territorial de los grupos armados ilegales, cita Amnistía Internacional, arrojan que en el 2022 la distribución territorial de asesinatos de defensores de derechos humanos fue similar a 2020 y 2021: “La preeminencia de departamentos como Cauca y Antioquia, así como la permanencia de la violencia en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador (Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Arauca) dejan clara la permanencia del fenómeno y la afectación de ciertas zonas.
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Y observa que a 31 de julio de 2023 hubo una disminución pequeña en el asesinato de personas defensoras si se compara el primer año de Duque con el de Petro: “Mientras en el gobierno Duque fueron asesinadas 187 personas defensoras durante el primer año, en el gobierno Petro fueron asesinadas 167, una reducción aproximada del 10 % de casos”.
Finalmente, advierte que en cuanto a márgenes de impunidad al respecto, “del total de casos de homicidio que ha recibido la Fiscalía, solo hay avances reportados en el 58,8 % de los casos (458 entre 779). Pero, además, entre esos solo el 22,1 % cuentan con sentencia condenatoria (101 entre 458) y el 23,8 % apenas se encuentran en etapa de indagación, aunque con orden de captura vigente (109 de 458)”.
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