La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) se pronunció ante la decisión del Gobierno nacional de expedir  un decreto que determina la liquidación del presupuesto 2024.

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La entidad sostuvo que la no corrección del Decreto de Liquidación del Presupuesto –asignado al sector transporte– pone en jaque al menos 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional como la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José́ del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira.

Así como también la Primera Línea del Metro de Bogotá, la operación del Túnel de La Línea, e incluso, la licitación de la doble calzada Pasto- Popayán.

“No honrar el compromiso soberano de las vigencias futuras atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista, sin duda alguna, el activo más preciado consolidado por el país en los últimos 30 años”, dijo la CCI en un comunicado, que al tiempo sostuvo que esta situación está “afectando miles de empleos”.

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Indicó que si bien en lo que tiene que ver con los pagos de vigencias futuras durante los años 2022 y 2023, fueron honrados por el Gobierno nacional, en lo que respecta los peajes sostuvo que aún queda un ajuste pendiente que se debe dar a más tardar el 1° de julio de 2024.

De los $502 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación, $16,7 billones corresponden al sector transporte. De esa partida, $13,6 billones fueron asignados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública.

“La CCI ve con gran preocupación que, en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024, el Gobierno omite la desagregación de $12,5 billones (parte de los ya mencionados $13,6 billones) para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invı́as y de la ANI, lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo”, anotó.

Por otra parte, la CCI advierte que recientes anuncios del ministro de Hacienda señalan que el pago de las vigencias futuras no se realizaría de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos.

Lo anterior, dijo la entidad, se vería reflejado en el hecho de que la financiación de iniciativas estratégicas para la competitividad y conectividad del país.

“Hay que precisar que las vigencias futuras cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras. De existir atrasos en la ejecución de estas últimas, existen mecanismos contractuales y administrativos idóneos, regulados por la Ley, para sancionar dicho atraso”, señaló.  

La CCI expuso, además, que la no expedición del Decreto de liquidación ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Instituto Nacional de Vías como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas.

Lo anterior, sostuvo, ha dejado “sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieron que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año, porque no es posible adicionar los contratos”.

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También –explicó– fueron suspendidos los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de $267 mil millones, porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas.

“El Invı́as no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones. Esta situación podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo. En ese caso, el túnel tendría que cerrarse”, apuntó.  

En esa misma línea, manifestó que la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1.000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invı́as, quienes no están vinculados desde el pasado mes de diciembre.

“Preocupa a la CCI que los rigurosos procesos de interventoría de los proyectos se degraden o se desnaturalicen, mediante la utilización de herramientas, tales como sobrevuelos costosos e informales de los funcionarios, centrados en simples vistas o exámenes aéreos, que excluyen los procesos de cimentación de las obras”, finalizó.



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Por oviedo