El juicio se desarrolló la mañana de este lunes en Barcelona y tuvo como desenlace un pacto entre la barranquillera y la Hacienda española que la acusa de defraudar 14,5 millones al fisco español entre los años 2012 y 2014.
De acuerdo con El País de España un «sí» y «gracias» habrían sido las respuestas contundentes de la artista que le rebajan una condena que inicialmente era de ocho años y fue reemplazada por tres años de cárcel.
Ahora deberá pagar una multa de 7 millones de euros (31 mil millones de pesos). Inicialmente era por 23,8 millones de euros (106 mil millones de pesos aproximadamente).
Cabe recordar que desde junio del año anterior, la Fiscalía Española le propuso aceptar este acuerdo a la cantante que en todas las ocasiones negó aceptar los delitos.
Tan solo dos minutos habría durado la sesión en la que la barranquillera soltó un «ahí vamos» a los periodistas que estaban atentos a sus declaraciones previo al inicio del juicio.
No obstante, las acusaciones no paran. En septiembre de este año, la Agencia Tributaria habría conocido otras irregularidades en su liquidación de impuestos de 2018 y remitió el caso a la Fiscalía dado que la suma que estima defraudada supera la cuota de 120.000 euros a partir de la cual un fraude fiscal se considera delito.
La acusación interpuesta por la Fiscalía Española indica que Shakira estuvo en ese país más de 183 días, que son los que establece la ley como persona residente en España, por lo que debe pagar los impuestos correspondientes.
La Hacienda afirma que la barranquillera estuvo en territorio español 242 días en 2012, otros 212 días en 2013, y 243 días en 2014. Sin embargo, en un principio, su defensa considera que los cálculos de la Fiscalía no son exactos. No obstante, en España sostienen que la artista hizo uso de entramado societario para ocultar su estadía.
Al principio, los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004, pero los años siguientes tuvo que viajar “sin parar”, que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que “cumple con todos los requisitos legales”.