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La implementación del Sibus ha generado división entre las empresas de buses. Mientras quince compañías han decidido sumarse al proyecto, otras seis se han mantenido al margen y han hecho duras críticas alrededor del proceso de adaptación de este sistema inteligente.
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Para Sobusa, Transmecar, Lolaya, Cotransco, Cootrasol y Trasalianco, las empresas que no se vincularon a Sibus, este modelo ha conllevado a que se establezca un “monopolio” y se concentre el recaudo en una “sola entidad administrativa”.
Francisco Pupo, presidente de Asotrascol, aseguró que se encuentran “firmes” en no aceptar la propuesta de AMB, pese a que la entidad expuso que a las empresas que no adopten el sistema se “les suspenderían las licencias”. “Dijeron que les darían nuestras rutas a las otras empresas que sí han aceptado y esos son derechos adquiridos que nosotros tenemos y que legalmente nos protegen. Nosotros no estamos dispuestos a seguir soportando una situación que es un robo más a la ciudadanía”, sostuvo Pupo.
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Indicó que actualmente se encuentra en trámite una demanda contra el Área Metropolitana de Barranquilla en la Fiscalía por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). “Lo demandamos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, ya que no estaban autorizados para firmar ese convenio interadministrativo porque ni la Junta directiva del AMB ni los concejos de los municipios de AMB lo habían autorizado para firmarlo y lo hizo, y un mes después fue que apareció el acta donde le daban ese aval, pero la ley ya estaba violada”, aseveró.
Señaló, además, que hasta el momento las empresas que no están interesadas en unirse al Sibus seguirán cobrando $2.800 de lunes a sábado y $2.900 domingos y festivos.
“Aquí elegimos entre dos males el mejor, porque si nos unimos al Sibus en dos meses estaríamos quebrados porque ellos administrarían todos nuestros recursos, no sabemos cuánto nos van a cobrar”, comentó Pupo.
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