[ad_1]
«Los peritos financieros de la Fiscalía advirtieron que para el manejo de los recursos se habría implementado y diseñado un procedimiento de seguridad que incluía dos sistemas. El primero conocido como ´MyWebDay´ con el cual se hacían las solicitudes, procesaban, rastreaban y justificaban los sobornos. Todo ´en la sombra´ del presupuesto original del proyecto. El segundo sistema es ´Drousys´, usado para las comunicaciones de los integrantes del consorcio, operadores financieros externos y los coasociados, usando para ello, correos electrónicos y mensajería instantánea. La confidencialidad era la regla para ocultar la identidad de los beneficiados de los pagos por eso se usaban nombres claves, códigos y contraseñas», indica la información.
«Los sobornos no eran registrados en los balances contables, pero sí eran enviados a compañías financieras en el exterior, luego y para distanciar el beneficiario de los sobornos, las transferencias se escalonaban hasta cuatro niveles, para ello contaban con empresas contratistas quienes a través de órdenes de pago o de servicios entregaban las dádivas pactadas. El soborno era cancelado en dinero en efectivo, transferencias electrónicas o mediante la compra de activos, como lo fue bienes inmuebles», dijo.
La Fiscalía estableció que en al menos ocho años la multinacional Odebrecht (empresa dominante del Consorcio que ejecutaba la Ruta del Sol II) se apropió de recursos públicos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por más de 80 mil millones de pesos.
Identificándose que la empresa Odebrecht, suscribió el contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol, sector II, el 14 de enero de 2010 por valor de 2 billones de pesos, cuyo objeto era la construcción y concesión de 528 kilómetros que comunicarían el centro y norte del país, vía conocida como la Ruta del Sol, sector II. El pago de sobornos por esta adjudicación alcanzó los 11.493 millones de pesos. Según la investigación, el dinero fue recibido por un exviceministro que ya recibió una condena, se lee.
«Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 logró a través de dos congresistas firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindó a Odebrecht beneficios tributarios por más de 145 mil millones de pesos en tres años. Varios congresistas para la época de los hechos recibieron al menos 3.536 millones de pesos por el lobby que realizaron para obtener este beneficio en favor del concesionario. En desarrollo del proyecto nuevamente buscaron la manera de modificar las condiciones contractuales iniciales. Entre marzo y octubre de 2013 se suscribieron ocho otrosíes que causaron un detrimento al Estado colombiano por más de 120 mil millones de pesos, por cuanto se cancelaron tramos que no se ejecutaron, así como por el no cobro de multas por incumplimientos en la ejecución de la obra y modificaciones en el objeto contractual. Los ocho restantes otrosíes les facilitó obtener flujo de caja, eliminar y adicionar obras y, ajustar el presupuesto en favor del contratista. Se estableció que varios funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encargados de proyectar, aprobar y materializar tales pretensiones habrían recibido en sobornos más de 1.028 millones de pesos», expuso el jefe del organismo de investigación penal.
Por último, con la suscripción de dos otrosíes se autorizó le ejecución de estudios y diseños para la construcción del tramo ´Ocaña – Gamarra´, con el primero de ellos por valor de 3.177 millones de pesos se realizaron los estudios y deseños y con el otro se autorizó, en contravía de los presupuestos que rigen la contratación pública, la construcción y ejecución del tramo por un valor superior de 676 millones de pesos. Actuar que les permitió a través de una adición de una obra en contravía del objeto pactado en el contrato original, la cual no contó con los conceptos y estudios del Conpes y el Confis, normas exigidas para el efecto. Para obtener la adjudicación de este nuevo tramo, presuntamente se pagó a congresistas, políticos, empresarios, particulares, contratistas y funcionarios de la ANI un monto superior a los 53 mil millones de pesos.
«Una vez aprobada la adición, para direccionar el dinero para el pago de los sobornos fue implementado un modelo de subcontratación y tercerización de actividades. De esta manera se habría suscrito contratos de actividades inexistentes, las cuales no fueron ejecutadas, si cobradas con sobrecostos y soportes falsos», explicó Barbosa.
[ad_2]
Source link