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Los servidores públicos de Colombia han tenido un inicio de año lleno de preocupaciones y dolor por cuenta del violento accionar criminal de los grupos armados ilegales. En menos de 15 días, un concejal de Tuluá, que anteriormente reveló que su vida corría peligro fue asesinado por desconocidos, un alcalde fue amenazado por disidentes del Estado Mayor Central, un exconcejal sufrió un atentado a manos del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y un registrador fue secuestrado cuando se movilizaba junto a su esposa, entre otras intimidaciones.
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