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De acuerdo los números de la entidad, son 166 los casos registrados, sin embargo, temen que la cifra sea mucho mayor pues, dicen, “las familias de las víctimas no denuncian por temor” a los grupos armados. A ello se suma el control territorial y social que ejercen estos actores, lo cual hace más difícil que familias, lideresas y líderes sociales y sociedad en general denuncien.
“Persiste una situación muy preocupante: la ocurrencia de reclutamiento en la población indígena, donde se concentra el 75 % de los casos, ante lo cual se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, indicó Carlos Camargo, defensor del pueblo.
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