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El proyecto de ley fue presentado ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, y crea una tercera vía de reparación a las víctimas que consiste en un acuerdo entre la víctima y el Estado, por intermedio de un facilitador con calidades de conciliador, que debe ser abogado y será quien registre las necesidades más inmediatas y apremiantes, relacionados con el plan de vida de la víctima y su familia.
Con la propuesta será el Ejecutivo nacional quien, mediante un decreto de ley, reglamente la designación del conciliador, sus alcances, y los procedimientos a seguir para que obtengan respuestas inmediatas sin esperar fallos judiciales y trámites administrativos tardíos.
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