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Planeación , a su vez, deberá reportar desde 2018 sobre las solicitudes de administración directa presentadas por resguardos indígenas con jurisdicción en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Riohacha. Además se deberá informar las personas a quienes se les entregaron los recursos, precisando su identificación y la calidad en la cual los recibieron; las fechas en las que se hicieron los desembolsos y la manera como entregaron los recursos.
Y, por último, ordenó «a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República en asocio con la Contraloría Departamental de La Guajira y a la Fiscalía General de la Nación, que en el término de cinco meses, contado a partir de la fecha en la que las alcaldías de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y el DNP informen a la sala si se detectaron particularidades en la gestión de los recursos y si, en atención a estas observaciones, se iniciarán investigaciones administrativas o indagaciones preliminares, de acuerdo con el ámbito de competencias. En caso de que las entidades requeridas no presenten los informes en los tiempos definidos, de ello se deberá informar a la sala de manera inmediata y adoptar las medidas coercitivas que dichos órganos a bien tengan aplicar».
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