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De acuerdo con el Ministerio Público, el exalcalde de Bucaramanga presentó una desatención de su deber como servidor público, consagrado en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de tratar con respeto a toda persona con la que se tenga relación en razón al servicio e incurrió en la prohibición consignada en el numeral 6 del artículo 35 del Código Único Disciplinario al agredir físicamente al concejal.
La falta fue calificada como grave cometida a título de dolo.
Rodolfo Hernández, según el fallo del Consejo de Estado, no está obligado a pagar la suma de $95.662.760, impuestos en la Resolución No. 07836 del 25 de septiembre de 2020.
“ No obstante, en caso de que el demandante hayo realizado el pago de dicho monto económico a la Tesorería del municipio de Bucaramanga, se ordena la Procuraduría General de la Nación reconocer y pagar al demandante la suma”, se lee en el documento.
De acuerdo con el Consejo de Estado, “es claro que la normativa colombiana (Ley 734 de 2002) que facultaba a la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular estuvo viciada de ilegalidad, desde sus orígenes”.
“(…) por ser contraria a los postulados consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que es manifiesta la falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir los derechos políticos de aquellos funcionarios que fueron elegidos democráticamente, y a su vez se incumplió el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno por parte del Estado colombiano”, explicaron.
“Por consiguiente, como el marco normativo con el que fue sancionado el señor Rodolfo Hernández Suárez fue el mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos censuró o reprobó en el precedente convencional del caso Petro Urrego vs Colombia, es palmaria la ilegalidad de los actos”.
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