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La medida fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados del Congreso de amplia mayoría oficialista por un término de 30 días más, con lo que sumará 21 meses de vigencia.
De acuerdo con los datos oficiales, en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales suman más de 73.800 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
De acuerdo con el Ejecutivo de Nayib Bukele, todos los detenidos son pandilleros o colaboradores, mientras que las organizaciones sociales registran más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.
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