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El mismo que en 2021 –en el marco de una entrevista con dos youtubers– recalcó que la reelección inmediata no era posible en El Salvador, vuelve este domingo a aparecer en las urnas para demostrar que hoy, más que nunca, ha logrado transgredir las fronteras Constitucionales y abrirse paso en medio de un terreno abonado por él mismo, con el impulso de más de 30 años de cansancio popular frente a los mismos partidos de Gobierno, que además no lograron golpear uno de los frentes que más desangraban al país: la seguridad de cara a las pandillas centroamericanas.
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El auge de estas mafias, que lograron extenderse por todo el brazo caribeño de América, no solo allanó el camino para que miles de jóvenes arriesgaran o perdieran su vida en medio de las acciones violentas de estas organizaciones criminales, sino que logró cohesionar las esperanzas de millones de salvadoreños que ascendieron por vía democrática a un personaje que ahora busca enquistarse en el poder y que, pese a sus autoproclamados logros en materia de seguridad, ha instaurando un gobierno de terror, en lugar de un sistema sólido para El Salvador, que no dependa de quien esté en el poder sino del mismo proceder de las instituciones.
Ahora, con una popularidad imbatible e innegable de más del 70%, será muy difícil para sus dos principales contendores, Manuel Flores –del tradicional Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional– y Joel Sánchez, del también histórico Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), destronarlo en las elecciones presidenciales.
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Sin embargo, el precio a pagar para El Salvador de reelegir al enigmático Bukele de por sí ya es muy alto y podría llegar a un punto de no retorno, como sucedió en su vecina Nicaragua. En primer lugar porque la Constitución del país prohíbe la reelección inmediata de un presidente, y el solo hecho de que se esté presentando a los comicios constituye la violación de la Carta Magna que con dificultad y décadas de procesos construyó El Salvador.
En segunda instancia porque su lucha frontal contra la Mara Salvatrucha, y otras células criminales del país, le ha valido señalamientos de organismos internacionales por la violación de derechos humanos de miles de jóvenes de sectores vulnerables que son capturados por la Policía salvadoreña y llevados a la famosa megacárcel que el Gobierno construyó, para cometer contra ellos innumerables actos que atentan contra sus derechos fundamentales, todo enmarcado y justificado en el régimen de excepción que Bukele declaró desde marzo de 2022.
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