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Este miércoles, Colombia intervino en las audiencias que se surten ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU por el conflicto en la franja de Gaza.
El Gobierno de Gustavo Petro reiteró su postura frente a la situación entre Israel y Palestina y señaló que se debe “garantizar la existencia misma del pueblo palestino”.
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En representación del país intervino Andrea jiménez, coordinadora Grupo de asuntos ante la Corte Internacional de Justicia. Señaló a los jueces que Israel “está obligado a cesar sus violaciones y volver a una situación de cumplimiento con las obligaciones que ha violado” con su «ocupación».
“Debe poner fin a la ocupación prolongada, a los asentamientos y la anexión del territorio palestino. Debe hacerlo de manera incondicional, inmediata y completa. Debe cesar los actos internacionales ilícitos continuos y debería ofrecer garantías apropiadas. Israel también debe respetar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos hacia el pueblo palestino. Además, Israel debe reparar los daños causados”, aseveró.
Según explicó Jiménez Herrera, “lo que está en juego aquí es garantizar la seguridad y la existencia misma del pueblo palestino, teniendo en cuenta el riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a los derechos de los palestinos como consecuencia de la ocupación de Israel, como ha sido documentado por agencias internacionales, órganos de la ONU e incluso recientemente reconocido por la propia Corte”, máximo órgano judicial de Naciones Unidas.
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Colombia lamentó que las políticas y prácticas durante el avance de este conflicto han resultado en “una persecución impuesta, discriminación racial y apartheid sobre el pueblo palestino”.
“Gaza es hoy un lugar de muerte y desesperación (…) La Corte no debería subestimar el hecho de que la situación en Gaza se ha vuelto más mortal en los últimos meses y, por lo tanto, las consecuencias legales de tales acciones deben ser hoy más serias que en el mundo en que vivíamos antes de que este conflicto comenzara”, apuntó Jiménez Herrera.
A petición de la Asamblea General de la ONU en 2022, la CIJ analiza esta semana “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este”, para emitir una opinión jurídica no vinculante.
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