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Esta decisión implica que será responsabilidad de la JEP determinar si Mancuso debe ser liberado para desempeñar su papel como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, con el fin de buscar acercamientos con grupos de origen paramilitar como el Clan del Golfo o las Autodefensas Libertadoras de la Sierra.
La resolución de la JEP revoca la aceptación parcial del sometimiento de Mancuso y en su lugar dicta que se decida sobre su libertad en relación con los beneficios transicionales provisionales, mientras que inicialmente se supervisará su cumplimiento del régimen de condicionalidad.
Además, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad supervisará su régimen de condicionalidad una vez lo seleccione, si procede, como posible máximo responsable en los macrocasos 03, 04, 06 y 08.
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