A su vez, las EPS reconocieron que la problemática no es nueva y que por el contrario llevan años padeciendo de diferentes crisis, por lo que no obedece a una responsabilidad directa del actual Gobierno; sin embargo, les corresponde intervenir para que no se ponga en riesgo la atención de los afiliados.
Según las EPS, los son tres hechos que desencadenaron la problemática se debe a que los recursos que el Gobierno paga por los afiliados es insuficiente para cubrir el plan básico de beneficios, la concentración asimétrica de las cargas de enfermedad debido a que las EPS mejor reputadas reciben a los enfermos más graves, pero en dinero por ellos, reciben lo mismo que por una persona que no tiene enfermedades serias, y el retraso del Gobierno en pagar las deudas por covid-19, recobros, presupuestos máximos, licencias e incapacidades.
Aseguron, además, que debido a las situaciones denunciadas, en los últimos dos años han agotado el capital construido en más de 20 años de existencia, lo cual corresponde a $415 mil millones, en el caso de Sanitas, $400 mil millones en el de Sura y $279 mil millones en el de Compensar.