Hasta finales de agosto estará publicado, sujeto a comentarios, el borrador del decreto del Ministerio de Agricultura que “permitirá que en vez de la extinción de dominio, los propietarios vendan el predio”, según señaló esa cartera. 

En ese sentido, el Ministerio señaló que «la nueva norma permitirá hacer más ágiles los procedimientos agrarios y destrabar casos estancados hace años». Explicó que antes de 2017, esos procesos tenían que presentarse ante un juez que, según la entidad, «terminó haciendo más dispendiosos los procesos», por lo que «con esta nueva norma, será la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la que culminará el caso. Sin embargo, contra la decisión que tome la entidad proceden tanto el recurso de reposición y en subsidio de apelación, así como una acción de nulidad agraria», detalló. 

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Una de las preocupaciones principales de distintos sectores ha sido el de la «expropiación exprés» y sobre esto, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, afirmó que “no se trata de facultades expropiatorias, no es la expropiación exprés, son facultades administrativas de la ANT en torno a la finalidad trazada constitucionalmente de hacer que la propiedad cumpla una función social y ecológica”. 

Y según el Ministerio, el proyecto de decreto incluye «una medida inédita», pues «el propietario a quien se le aplicaría la extinción de dominio podrá optar por vender su predio a la Agencia Nacional de Tierras y así la extinción quedaría suspendida. Si el propietario decide venderlo de forma anticipada, se le pagará al 80% del avalúo comercial; si lo hace cuando el proceso esté más avanzado, se le pagará al 60%. La medida no tiene antecedentes en el país, pues aunque el propietario esté incumpliendo la función social de la propiedad y se le pueda aplicar el proceso agrario podrá optar por venderlo». 

Pero para algunos sectores, este proyecto de ley no es más que un «disfraz» para la expropiación o una «amenaza a la propiedad privada» de los colombianos. En los últimos días, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, señaló en una columna de opinión que «el pasado 5 de mayo se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. A escondidas de los senadores, y sin dar lectura, aprobaron en un artículo la expropiación express. Lo tenemos demandado ante la Corte Constitucional». 

En ese sentido, la congresista alertó que «se pondrá en marcha una persecución implacable en contra de los legítimos propietarios de tierra en Colombia».

En el decreto se lee: «Con el propósito de identificar predios idóneos para la reforma rural integral, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con el apoyo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), adelantará análisis prediales (…) para identificar los predios con áreas superiores a dos (2) Unidades Agrícolas Familiares (UAF), calculadas por la metodología de Zonas Relativamente Homogéneas. Los predios que cumplan con las condiciones anteriormente referidas constituirán la base para definir núcleos territoriales para su intervención prioritaria». 

«Si la persona decide no vender, la ANT analizará cuáles partes del terreno que superen las 2 UAF no están siendo explotadas económicamente para proceder a los procedimientos agrarios. Es decir, una expropiación exprés», afirmó Valencia. 

La senadora insistió en que si el proyecto de ley sigue en firme será demandado: «Este proyecto de Decreto es altamente peligroso. Aumentará la inseguridad jurídica en el campo y dará pie para perseguir a legítimos propietarios», puntualizó. 

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Por su parte, en diálogo con Semana, el abogado especialista en derecho público y candidato al Concejo de Bogotá, Daniel Briceño,  concuerda en decir que este proyecto va en contra de los derechos de los propietarios. 

“El hilo conductor del proyecto de decreto tiene malas intenciones con los legítimos propietarios y la razón es que llena de inseguridad jurídica a los propietarios de tierra en Colombia. Primero se mete con la libertad del propietario en la explotación de su tierra, luego lo obliga a explotarla bajo condiciones muy gravosas y en caso de no hacerlo lo obliga a entregarle la tierra al Estado”, señaló a ese medio. 

Aseveró que se viene una carga jurídica para los propietarios de tierras, pues “el propietario que no explote su propia tierra, o que lo haga de forma distinta a como el gobierno Petro quiere que lo haga, deberá enfrentarse a un proceso administrativo para defender la libertad de disposición de sus propios bienes. Lo que se debe alertar aquí es que estamos ante una persecución sin precedentes en Colombia. El gobierno quiere pasar por encima del derecho de propiedad en Colombia”, alertó el abogado. 

Sin embargo, para la ministra Mojica se han venido generando «rumores y mitos» sobre el proyecto. “No se trata de facultades expropiatorias yo creo que es importante generar esta pedagogía al respecto, no es la expropiación express que han venido ahora generándose rumores y mitos sobre el asunto, son facultades administrativas de regulación  de la agencia de tierras, entorno  a esa finalidad que está atrasada constitucionalmente de hacer que la propiedad cumpla una función social y ecológica y tiene que ver con la reglamentación de lo que está pendiente desde 1994”, afirmó. 

Contrario a esto, desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga se alertó también sobre la «afectación» a la propiedad privada que trae el borrador del decreto. «El borrador de normatividad excede las facultades reglamentarias consolidando nuevas causales de extinción de dominio de predios rurales. Mecanismo que resultaría más gravoso que la expropiación, ya que, no genera al propietario derecho a indemnización», señaló el centro de pensamiento. 

Para Carlos Augusto Chacón, director del instituto, el Gobierno, «bajo el argumento de dar cumplimiento a las metas determinadas en el capítulo I del Acuerdo Final “Reforma Rural Integral – RRI”,  estaría yendo en contravía del derecho a la propiedad y el debido proceso, afectando la iniciativa privada y el libre ejercicio de la actividad económica consagrados en los Artículos 58 y 333 de la Constitución Política». 

Sobre las funciones otorgadas a la ANT, el instituto sostuvo que «el Estado no puede limitar las libertades y los derechos de propiedad de los colombianos, regulando la producción, ordenándoles qué sembrar y dónde hacerlo, ni crear mecanismos para presionarlo a entregar sus predios por valores inferiores al avalúo catastral mediante mecanismos cuestionables que generan incertidumbre e inseguridad jurídica». 

Chacón concluye también la alerta en lo que sería una figura de «expropiación«, por lo que advirtió: “Esta medida constituye una amenaza a los derechos de propiedad privada, restringe la libertad económica y la posibilidad de elegir de los campesinos y agricultores sobre el uso de suelo de sus tierras. Esto sin anotar una vez más que, frente a la no entrega del predio, que puede acordarse en una etapa previa del proceso, esta figura no brinda indemnización alguna, es decir, los propietarios se verían obligados a entregar sus bienes al Estado sin recibir una compensación económica”.

 








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Por oviedo