A nivel nacional los presuntos implicados más reconocidos son los excongresistas Bernardo Elías y Otto Bula; Daniel García Arizabaleta, director del Invías durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y Gabriel García Morales, viceministro de Transporte de Santos.
El documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un período comprendido aproximadamente entre 2009 y 2016, Odebrecht, con presencia en Colombia desde 1991, efectuó e hizo que se efectuaran pagos por alrededor de 11 millones de dólares, con los que obtuvo beneficios de más de 50 millones de dólares.
Una de las pesquisas más delicadas que se desprendieron del expediente fue el de la muerte en extrañas circunstancias en 2018 de Jorge Enrique Pizano Callejas, auditor de la Ruta del Sol II y reconocido por haber sido testigo clave. Después de su muerte se destaparon audios que había recaudado donde se evidenciaba el presunto conocimiento del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez sobre las coimas pagadas por el Grupo Aval, socio de Odebrecht, dentro del proyecto Ruta del Sol II. El asunto se complica, además, porque Martínez Neira fue asesor jurídico del Grupo Aval, lo que ha pedido investigar de vuelta el presidente Petro. No obstante, el también exfuncionario de Santos ha desmentido estos señalamientos afirmando que fue la Fiscalía bajo su mando la que inició las averiguaciones.
El actual fiscal Francisco Barbosa dispuso la creación de un Grupo de Tareas Especiales, a cargo del coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, para concentrar el proceso que estaba disperso en varios despachos.
Estas pesquisas tuvieron su más reciente capítulo el pasado jueves, cuando Barbosa anunció que fueron citadas a imputación 22 personas por ser presuntamente intervinientes en los hechos de corrupción.
«La empresa habría creado un Departamento de Operaciones Estructuradas, desde donde se pagaron dádivas para la consecución de megacontratos, modificaciones a las cláusulas contractuales, intervención de subcontratistas y la desviación de presupuestos públicos», dijo el funcionario.
La Fiscalía describió en un comunicado que desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas que estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo. Este modelo se replicó en Colombia. Las dádivas eran pagadas a través de empresas ‘offshore’ ubicadas en paraísos fiscales, utilizando para Colombia las empresas Klienfield Services Limited e Intercorp Logistics Ltda. Y el manejo financiero fue gestionado a través de una fiducia que coadyuvó a dar un manto de legalidad a los movimientos financieros ilegales.
Los peritos financieros de la Fiscalía advirtieron además que para el manejo de los recursos se habría implementado y diseñado un procedimiento de seguridad que incluía dos sistemas. El primero, MyWebDay, con el cual se hacían las solicitudes, procesaban, rastreaban y justificaban los sobornos. Y el segundo, Drousys, usado para las comunicaciones de los integrantes del consorcio, operadores financieros externos y los coasociados, usando para ello, correos electrónicos y mensajería instantánea. La confidencialidad era la regla para ocultar la identidad de los beneficiados, que usaban nombres claves, códigos y contraseñas.
El ente acusador indicó que los sobornos no eran registrados en los balances contables, pero sí eran enviados a compañías financieras en el exterior, y luego para distanciar el beneficiario de los sobornos, las transferencias se escalonaban hasta cuatro niveles, para lo que contaban con empresas contratistas que a través de órdenes de pago o de servicios entregaban las dádivas. El soborno era cancelado en dinero en efectivo, transferencias electrónicas o mediante la compra de activos y bienes raíces.