Como antesala, el Congreso estuvo adelantando las dos últimas semanas debates de control político sobre la ejecución del Presupuesto 2023, con miras al respaldo o no que dará el Legislativo al proyecto del Gobierno para el año entrante.
Por ejemplo, en la Comisión Cuarta del Senado de la República, en citación adelantada por la senadora Laura Fortich (Partido Liberal), asistieron a la comisión el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González.
El presidente de la comisión, Juan Felipe Lemos (Partido de la U), sostuvo que “un buen gobierno debiera reconocer que hay dificultades y falencias en la ejecución del presupuesto y no advertir que todo está funcionando bien, esa es la mejor manera y no poner de referencia lo del pasado”.
Para Lemos, hay un concepto equivocado para justificar la baja ejecución, “una cosa es apropiación presupuestal y otra cosa es reserva de apropiación presupuestal”.
Sobre la ejecución del presupuesto de este año, Bonilla justificó la demora de inversión a los procedimientos formales que debe cumplir el gobierno, sumado a que hay unos items que obligan a unas inflexibilidades como son el sistema de participaciones y los compromisos del pago de la deuda.
Explicó que a julio se ha comprometido ya el 58% del presupuesto, mientras que se espera que para cuando se reflejen ya los datos de agosto, en el mismo aparezcan los recursos relacionados con la adición presupuestal aprobada en la ley del cierre del año.
La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, manifestó que “estamos en el 33% de la inversión real. Que falta sí, que nos satisface no, pero la explicación que nos dan del trámite es clara por parte del Ministerio de Hacienda”.
Por su parte la senadora Fortich señaló que esa citación se dio “para empezar a estudiar el Presupuesto 2024 y por esta razón hoy iniciamos con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección Nacional de Planeación que son los vigilantes que las metas del Plan Nacional de desarrollo se cumplan”.
Al respecto expresó su preocupación que para el año próximo bajan los ingresos para entidades como la Ungrd, el Invías y la ESAP.
En general el mensaje de la Comisión IV al gobierno es que agilice la inversión del presupuesto, esto no sólo para cumplir los compromisos que tiene el Gobierno, sino también para seguir con la reactivación de la economía.
En la Comisión Tercera de Senado, el senador Efraín Cepeda Sarabia (Partido Conservador), uno de los citantes al debate, dijo que el incumplimiento en la ejecución de los recursos asignados, no permiten el desarrollo del país. El congresista informó que el DPS, tiene un presupuesto de 18 billones de pesos, de los cuales posee un obligado del 46.47%, “esto es lo que vale, lo que llega a las personas, y que sus obras serán una realidad». Cepeda Sarabia agregó en este sentido: “Hemos consensuado que ministro o director que no sea capaz de ejecutar los recursos, entonces se trasladaran a quienes, si lo hagan de manera eficiente, para evitar que se pierdan”.
En su exposición la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, manifestó: “Estamos trabajando para garantizar que los recursos lleguen a las familias más necesitadas del país, según los criterios de priorización, para la superación de la pobreza extrema en la población». Señaló que el programa Familias en Acción tiene una ejecución del 79% y Colombia mayor del 46% de los recursos asignados, los demás programas están en el cero y 15%.
Entre tanto el senador Carlos Julio González (Cambio Radical), dijo a la directora del Prosperidad Social, que le preocupaba la regionalización y focalización de los 13 programas sociales, que luchan en combatir la pobreza del país, tales como el mejoramiento de vivienda y familia en su tierra, entre otros.
Por su parte la senadora Carolina Espitia, de Alianza Verde, manifestó que los colombianos necesitan herramientas y mecanismos para poder trabajar y ser más productivos. “Las familias más que un subsidio requiere su trabajo para poder resolver sus necesidades. También se requiere focalización de los programas para que los recursos lleguen a los más vulnerables del país, con un enfoque preventivo”, indicó.
Asimismo, el senador Antonio Zabaraín (Cambio Radical), pidió a los citados al debate de control político que recibieran de buena manera las observaciones hechas por esa célula legislativa sobre la ejecución presupuestal de las respectivas carteras y entidades del gobierno nacional. «Es de conocimiento público que el aparato estatal es paquidérmico, es muy lento, se requiere de una macrogerencia”.
En su momento el senador ciro Ramírez, del Centro Democrático, dijo que el reto es sacar a Colombia de la pobreza absoluta y solo se puede conseguir con el empleo y la educación, «para lograrlo, también debemos hacer uso de las transferencias monetarias como un instrumento necesario”.
Igualmente, la senadora Liliana Bitar (Partido Conservador), señaló: “Necesitamos la ejecución de los recursos asignados a la diferentes carteras ministeriales y entidades, para dinamizar la economía del país. De los 13 proyectos presentados por Prosperidad Social, tristemente solo dos están por encima del 20% de la ejecución presupuestal. Necesitamos de una mejor planeación para que estos recursos lleguen a las personas necesitas en el tiempo oportuno”.
En la Comisión Séptima de Senado, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la sustentación de su informe dijo que el presupuesto de esa cartera para el 2023 fue de 50 billones de pesos, de los cuales el 98% del presupuesto se ha transferido para respaldar el trabajo de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), quedándose sólo con 2 billones de pesos, para realizar las actividades del ministerio.
Y agregó que, para el presupuesto de 2024, presentaron unas necesidades avaluadas en casi 70 billones de pesos. Expresó que, al no recibir lo requerido, tienen un déficit de casi 10 billones de pesos, especialmente en los temas de aseguramientos, en el sistema general de participación y apoyo a otros programas.
El ministro añadió que en materia de infraestructura sólo les adjudicaron un presupuesto de 619 mil millones de pesos, y “hay que recuperar la infraestructura hospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más vulnerables del país, la cual ha quedado muy debilitada en las últimas dos décadas”.
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Señaló en este punto que por ejemplo en el departamento de La Guajira se han cerrado unos 109 puestos de salud.
Por su parte el senador Honorio Henríquez Pinedo (Centro Democrático), pidió al ministro que informe las estrategias para superar el déficit del sector salud, con el fin de garantizar la vida y el servicio a los colombianos. Agregó que esa cartera sólo ha ejecutado 54% del presupuesto que asciende a más de 50 billones de pesos.
Entre tanto el senador Polivio Rosales (Movimiento Indígena), hizo un requerimiento al ministro para que asigne los recursos necesarios para la atención primaria en salud de la población indígenas del país.
Asimismo, la senadora Nadia Blel (Partido Conservador), llamó la atención para que se valore el talento humano en salud: «Los residentes médicos dedican su tiempo para salvar la vida de los colombianos y merecen mejor atención”.
Y en la Comisión Quinta del Senado estuvo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, quien recalcó que se logró la reducción en la deforestación más importante en el país en los últimos 10 años.
De otro lado, agregó, se generaron las figuras de concesiones forestales a 30 años renovables para que campesinos puedan quedarse en las diferentes reservas obteniendo capacitación, crédito y asistencia técnica a través de acuerdos sociales para consolidar núcleos de desarrollo forestal y economía de la biodiversidad.